En año electoral no se pueden descartar los riesgos que supone el cambio de gobierno, sobre todo a nivel federal, mismos como violaciones reiteradas al marco normativo, injerencia del crimen organizado y agresiones a candidatos
El 2024 será año electoral, comicios que serán los más grandes de la historia por el número de cargos en disputa, votantes, casillas previstas y boletas. En total, son 2,910 los cargos a renovar, incluyendo la Presidencia de la república y 9 gubernaturas estatales; además de que los padrones electorales sumarán 98.4 millones de votantes.
En este contexto, no se pueden descartar los riesgos que supone un ambiente electoral, sobre todo a nivel federal, mismos como violaciones reiteradas al marco normativo, injerencia del crimen organizado y agresiones a candidatos, ataques reputacionales a autoridades electorales que provoquen falta de confianza en los resultados y otros riesgos con menor probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con un informe de Integralia.
Entre los riesgos con una baja probabilidad de ocurrir, la consultora señala:
- Resultados postelectorales que mermen la estabilidad política y los mercados financieros: aquí se resalta que en caso de que Morena pierda la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría desconocer los resultados y descalificaría a las autoridades electorales, por lo que se estima que llamaría a la movilización social.
- Politización del Ejército: debido al creciente rol en la administración de labores civiles, las fuerzas armadas podrían adquirir un papel de politización y jugar participar activamente en la elección.
- Que se ponga en duda la transmisión pacífica del poder político (y la estabilidad política en general): aunque las condiciones políticas y estructurales hacen que este riesgo tenga probabilidad de ocurrencia baja, debido a la pluralidad de fuerzas políticas en la contienda, organización de elecciones periódicas e instituciones sólidas.
Los eventos que tienen una alta probabilidad de suceder son:
- Violencia política e injerencia del crimen organizado: «ataques a candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde 2 o más grupos delictivos se disputan el control territorial –buscarán sustituir o continuar sustituyendo a las autoridades como agentes reguladores– e injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada», señala la investigación de Integralia.
- Ataques reputacionales a autoridades electorales provocan falta de confianza en los resultados: las dependencias afectadas pueden ser tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues ya han recibido ataques constantes por parte del jefe del Ejecutivo.
Mientras que el evento de mayor riesgo es:
- Violaciones reiteradas al marco normativo: se podrían registrar actos electorales fuera de los tiempos legales, e injerencia de servidores públicos (incluyendo al presidente) en actividades proselitistas y de operación política, así como el uso de recursos públicos para fines clientelares. «La normativa actual parece haber quedado rebasada por la realidad política», expone el informe.
«A la violencia política y a la violencia verbal se les suma una amenaza aún más grave y de enorme peligro para todos en México: la violencia extrema con rumbo a las elecciones de 2024«.
El periodista y editor añade que «a la vista de lo ocurrido en elecciones intermedias recientes», se prevé el incremento de actos de sabotaje político en gran parte del país, en el lapso de precampañas, campañas y elecciones en junio del año próximo. Tanto en estados de la República como en municipios.
Como ejemplo de ello son dos casos, en los que fueron asesinados colaboradores cercanos a aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de México. La noche del sábado 29 de julio, sobre el kilómetro 252 rumbo a Acapulco, en la Autopista del Sol ocurrió un ataque armado en el que murieron el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel de 20 años; su esposa fue herida. La presunción inicial es que fue un intento de robo.
Fuentes Brito era amigo cercano y promotor en Guerrero del precandidato a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard. Éste lamentó el asesinato del empresario y su hijo y dijo: “Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia”, dijo el ex canciller.
La mañana del domingo 6 de agosto fueron atacados a balazos Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio, así como su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, quien murió. Se supo que Carvajal Salgado y su esposo salían esa mañana para hacer trabajo proselitista a favor de Claudia Sheinbaum, también aspirante a la candidatura presidencial por Morena. De inmediato Carvajal responsabilizó de estos hechos al actual presidente municipal de esa ciudad, el priista David Gama Pérez. Ella, hace tiempo, había manifestado su intención de ser la candidata de Morena a la alcaldía de Iguala en 2024.
Conviene recordar que en 2021, el crimen organizado dejó huella en las elecciones del 6 de junio, cuando equipos enteros de operación política fueron privados de la libertad como en Sonora; a través del financiamiento de campañas en distintas entidades; con amenazas y agresiones -algunas de las cuales culminaron en el asesinato de políticos-, así como con actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos, los cuales proliferaron sin que el Estado mexicano interviniera para impedirlo.
En el proceso electoral 2020-2021, la consultora Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, entre quienes se incluye a 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales.
Reportes de la oposición y organizaciones especializadas en el sistema electoral, los comicios del 6 de junio del 2021 pasaron a los registros del país con el carácter de históricos por las estampas que dejó el crimen organizado durante las campañas y la jornada electoral, lo que llevó a hablar a especialistas y políticos de una posible “narcoelección”